En estos días de Monopoly, en los que medio planeta compra y vende deuda pública al otro medio. En estos días en los que “los mercados” rebajan las soberanías nacionales (y por ende, a las democracias) a la categoría de espectadores. En estos días, en los que escuchamos a los líderes políticos lanzar proclamas y máximas que, a buena parte del pueblo, profano en números, se les antojan irrebatibles, es perentorio, y periodísticamente ineludible, desempolvar periódicos.
Últimamente habrán escuchado y leído en abundancia a los partidarios de “reducir el déficit público”. Casi siempre, los mismos que aseguran que el déficit es “el principal problema” de las economías desarrolladas, porque conlleva el aumento del nivel de deuda de los estados. Argumentan, en esencia, que el déficit hace que el sistema “no sea sostenible”. Así que propugnan, belicosamente, reducir gastos de manera drástica, hasta que los gobiernos tengan, al menos, tantos dispendios como ingresos en sus cuentas. Y hay países, como el nuestro, que se han puesto manos a la obra por orden de la Unión Europea, absolutamente partidaria de la reducción de los déficits públicos. Y lo mismo hacen otros de nuestros vecinos. Entre ellos, Alemania y Francia, tradicionalmente considerados los “motores de Europa”. En estos dos últimos países, el recorte de los gastos públicos no tiene precedentes. Y no sólo propugnan con el ejemplo, también amenazan al vecindario con castigos ejemplares para los que se alejen de la “estrategia común” de la UE. Los 27 deben cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que deja bien claro que ningún estado miembro puede superar, cada año, un déficit del 3% en sus cuentas públicas. Saltarse esa norma, a día de hoy, se antoja criminal. Pero no siempre ha sido así.
La norma del 3% lleva muchos años siendo papel mojado. Y quienes ahora le rinden pleitesía, como Francia y Alemania, fueron expertos en incumplirla. Y nadie les castigó, como ellos proponen en la actualidad. Hace no tanto, en 2003, germanos y franceses no atravesaban por su mejor etapa económica. Y sus déficits estaban por encima del consabido 3%, incumpliendo por tanto las leyes comunitarias. Ante las críticas, sus gobiernos argumentaron:
Alemania y Francia tacharon de dogmáticos (exagerados y radicales, a la postre) a quienes llamaron la atención sobre su incumplimiento. Y ambos países apostaron, en aquella crisis, por, obviamente, recuperar su crecimiento, pero no a costa de reducir sus déficits. Y sin embargo, pocos años después, defienden que para vadear la crisis actual la reducción de los déficits pasa por ser condición sine qua non. Postura asumida, sin rechistar, por los demás estados miembros (nadie se ha atrevido a recordarles sus incumplimientos pretéritos).
Y lo grave es que ninguna instancia pública ha explicado todavía este cambio de postura. Máxime cuando parece que entre muchos analistas económicos independientes se comparte la idea de que la mera reducción de los gastos públicos no ayuda, en absoluto, a generar empleo y crecimiento, que es, a priori, lo deseable. Nadie ha explicado todavía por qué en la crisis de 2003 la prioridad era el crecimiento, y no la reducción del déficit, y ahora, en 2010, es exactamente al revés. Y como ciudadanos responsables deberíamos pedirles, una y otra vez, el esclarecimiento pertinente.
En España, el Gobierno plantea como insalvable la reducción del gasto estatal. De ahí el recorte de los sueldos públicos, la congelación de las pensiones (y seguramente su recorte, tras la anunciada reforma), la desaparición de prestaciones sociales ("cheque bebé") o la próxima venta de empresas públicas. Hace sólo unos meses, el Gobierno no creía en esta receta. Incluso casi la vilipendiaba. Pero de un día para otro, literalmente, se puso a recitarla como un converso el padrenuestro. Y de momento, los resultados acompañan. Pero son sólo números. Y la realidad impone su verdad, y le da la razón a esos otros economistas que proponen otras salidas alternativas a la crisis. Se demuestra, como se sabía, que recortar gastos no produce puestos de trabajo ni crecimiento. Hoy mismo, el propio Zapatero ha augurado que tardaremos unos cuantos años en recuperar el nivel de empleo que teníamos hace dos años, en "superar los desequilibrios", ha dicho. Así que la crisis va para largo. Es su manera de anunciarlo sin hacer mucho ruido.
Con lo que, a luz de los datos, conviene hacerse preguntas: ¿por qué imponer tan draconianas medidas anti gasto social si finalmente no aportan nada? ¿Por qué lastrar el bolsillo de los trabajadores y ciudadanos de clase media y baja, si no se genera empleo y crecimiento? ¿Por qué tanto afán por “adelgazar” los servicios públicos y el Estado de Bienestar? ¿Por qué se salió de otras crisis aumentando la inversión pública, y por tanto los déficits, y ahora tal planteamiento se considera un anatema? ¿Por qué Francia y Alemania cambian de postura tan radicalmente?
Muchos huyen de estas preguntas parapetándose tras la trinchera demagógica de siempre: “no todas las crisis son iguales”. Pero no es verdad. Cualquier crisis económica cuenta con los mismos síntomas, corroborados técnicamente: contracción del PIB y aumento del desempleo. Y de las grandes crisis del siglo XX (1930’s y posguerra mundial) se ha salido incrementando el gasto, invirtiendo, sin prestar tanta atención a la reducción de los déficits.
Nadie duda de que, en plena crisis, no existan algunos gastos que nos podríamos ahorrar. Y es el papel del Gobierno dar con ellos buceando en sus presupuestos. Pero, desde luego, los recortes actuales, además de injustos, están evidenciándose como completamente inútiles.
Así que los malpensados salimos reforzados en nuestra convicción. Los gobiernos no se “enfrentan” a la crisis, sino que, animados por el lobby neoliberal, la usan como excusa para soltar el lastre: nosotros.
Últimamente habrán escuchado y leído en abundancia a los partidarios de “reducir el déficit público”. Casi siempre, los mismos que aseguran que el déficit es “el principal problema” de las economías desarrolladas, porque conlleva el aumento del nivel de deuda de los estados. Argumentan, en esencia, que el déficit hace que el sistema “no sea sostenible”. Así que propugnan, belicosamente, reducir gastos de manera drástica, hasta que los gobiernos tengan, al menos, tantos dispendios como ingresos en sus cuentas. Y hay países, como el nuestro, que se han puesto manos a la obra por orden de la Unión Europea, absolutamente partidaria de la reducción de los déficits públicos. Y lo mismo hacen otros de nuestros vecinos. Entre ellos, Alemania y Francia, tradicionalmente considerados los “motores de Europa”. En estos dos últimos países, el recorte de los gastos públicos no tiene precedentes. Y no sólo propugnan con el ejemplo, también amenazan al vecindario con castigos ejemplares para los que se alejen de la “estrategia común” de la UE. Los 27 deben cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que deja bien claro que ningún estado miembro puede superar, cada año, un déficit del 3% en sus cuentas públicas. Saltarse esa norma, a día de hoy, se antoja criminal. Pero no siempre ha sido así.
La norma del 3% lleva muchos años siendo papel mojado. Y quienes ahora le rinden pleitesía, como Francia y Alemania, fueron expertos en incumplirla. Y nadie les castigó, como ellos proponen en la actualidad. Hace no tanto, en 2003, germanos y franceses no atravesaban por su mejor etapa económica. Y sus déficits estaban por encima del consabido 3%, incumpliendo por tanto las leyes comunitarias. Ante las críticas, sus gobiernos argumentaron:
“Somos unánimes en el rechazo de cualquier dogmatismo en cualquiera de los dos objetivos y creemos que, en la actual fase de la evolución económica, el énfasis sobre el crecimiento debería ser mayor, sin incluir la consolidación presupuestaria” (Septiembre, 2003)
Alemania y Francia tacharon de dogmáticos (exagerados y radicales, a la postre) a quienes llamaron la atención sobre su incumplimiento. Y ambos países apostaron, en aquella crisis, por, obviamente, recuperar su crecimiento, pero no a costa de reducir sus déficits. Y sin embargo, pocos años después, defienden que para vadear la crisis actual la reducción de los déficits pasa por ser condición sine qua non. Postura asumida, sin rechistar, por los demás estados miembros (nadie se ha atrevido a recordarles sus incumplimientos pretéritos).
Y lo grave es que ninguna instancia pública ha explicado todavía este cambio de postura. Máxime cuando parece que entre muchos analistas económicos independientes se comparte la idea de que la mera reducción de los gastos públicos no ayuda, en absoluto, a generar empleo y crecimiento, que es, a priori, lo deseable. Nadie ha explicado todavía por qué en la crisis de 2003 la prioridad era el crecimiento, y no la reducción del déficit, y ahora, en 2010, es exactamente al revés. Y como ciudadanos responsables deberíamos pedirles, una y otra vez, el esclarecimiento pertinente.
En España, el Gobierno plantea como insalvable la reducción del gasto estatal. De ahí el recorte de los sueldos públicos, la congelación de las pensiones (y seguramente su recorte, tras la anunciada reforma), la desaparición de prestaciones sociales ("cheque bebé") o la próxima venta de empresas públicas. Hace sólo unos meses, el Gobierno no creía en esta receta. Incluso casi la vilipendiaba. Pero de un día para otro, literalmente, se puso a recitarla como un converso el padrenuestro. Y de momento, los resultados acompañan. Pero son sólo números. Y la realidad impone su verdad, y le da la razón a esos otros economistas que proponen otras salidas alternativas a la crisis. Se demuestra, como se sabía, que recortar gastos no produce puestos de trabajo ni crecimiento. Hoy mismo, el propio Zapatero ha augurado que tardaremos unos cuantos años en recuperar el nivel de empleo que teníamos hace dos años, en "superar los desequilibrios", ha dicho. Así que la crisis va para largo. Es su manera de anunciarlo sin hacer mucho ruido.
Con lo que, a luz de los datos, conviene hacerse preguntas: ¿por qué imponer tan draconianas medidas anti gasto social si finalmente no aportan nada? ¿Por qué lastrar el bolsillo de los trabajadores y ciudadanos de clase media y baja, si no se genera empleo y crecimiento? ¿Por qué tanto afán por “adelgazar” los servicios públicos y el Estado de Bienestar? ¿Por qué se salió de otras crisis aumentando la inversión pública, y por tanto los déficits, y ahora tal planteamiento se considera un anatema? ¿Por qué Francia y Alemania cambian de postura tan radicalmente?
Muchos huyen de estas preguntas parapetándose tras la trinchera demagógica de siempre: “no todas las crisis son iguales”. Pero no es verdad. Cualquier crisis económica cuenta con los mismos síntomas, corroborados técnicamente: contracción del PIB y aumento del desempleo. Y de las grandes crisis del siglo XX (1930’s y posguerra mundial) se ha salido incrementando el gasto, invirtiendo, sin prestar tanta atención a la reducción de los déficits.
Nadie duda de que, en plena crisis, no existan algunos gastos que nos podríamos ahorrar. Y es el papel del Gobierno dar con ellos buceando en sus presupuestos. Pero, desde luego, los recortes actuales, además de injustos, están evidenciándose como completamente inútiles.
Así que los malpensados salimos reforzados en nuestra convicción. Los gobiernos no se “enfrentan” a la crisis, sino que, animados por el lobby neoliberal, la usan como excusa para soltar el lastre: nosotros.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada