CONSEJO AUDIOVISUAL, ¿DÓNDE ESTÁ?

En tiempo electoral todos los partidos se apresuran, en especial el del Gobierno, en ensalzar sus logros y recordar sus benevolencias para con los ciudadanos a lo largo de la legislatura. Sin negar que tales acciones existan, también conviene, sin embargo, recordar a nuestros gobernantes lo que se han dejado en el tintero tras cuatro años de administración.

Por ejemplo, la promesa de crear un Consejo Audiovisual con competencias en todo el estado. Era una de las propuestas clave de un Gobierno que se marcó como meta reformar el sistema público de radiotelevisión e introducir un organismo arbitral que vigilara la diligencia profesional (incluida aquí su vertiente ética) de los medios de comunicación. Pero, tras cuatro años, no hay ni rastro de nuestra “FCC” particular. No se ha esgrimido razón alguna que justifique dicha ausencia. Ni tan siquiera ha llegado a plantearse el debate con seriedad.

¿Por qué el Gobierno no ha promovido dicho Consejo? ¿Ha cedido ante la presión de algunos medios que consideran que dicho órgano sería intervencionista, una suerte de censor, y que lesionaría la libertad de prensa? Si esto es así, la impericia del Gobierno sería inaceptable. No sólo porque dicha argumentación sea todo un sofisma, sino porque los políticos, y también los ciudadanos, deberían comprender cuanto antes que cualquier garantía de mejorar la calidad de nuestros medios equivale a reforzar sustancialmente nuestro Estado de Derecho. Y eso debería estar por encima de cualquier otra consideración o estrategia.

Las competencias y atribuciones cedidas a tal organismo regulador habrían de tener carácter de irrevocabilidad. Su independencia de los poderes políticos y fácticos sería la garantía efectiva de su arbitraje. Ahora que se discute acerca de los debates televisivos electorales, qué magnífica colaboración encontraría esta añorada institución con la Junta Electoral para decidir dónde y cómo celebrar dichos careos. Si es que, después de todo, se acaban celebrando…