RELIGIÓN SÍ, CATEQUESIS NO

La metedura de pata del Tribunal Constitucional ha sido de proporciones incalificables. En una reciente sentencia, avalaba el despido de una profesora de religión por parte de las autoridades eclesiásticas de Canarias. Las razones aludidas por el Obispado canario se resumen en lo que sigue: María del Carmen Galayo Macías, profesora de religión, está separada y, en la actualidad, vive con otro hombre que no es su marido. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias examinó el caso y lo remitió al Alto Tribunal, ya que se atisbaban razones de inconstitucionalidad.

En virtud de lo dispuesto por el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español de 1979, la Iglesia cuenta con la potestad de elegir a los profesores que impartirán la asignatura, es decir, aquellos que se ajusten a un determinado perfil. Lo explica bien el secretario general de La Federación Estatal de Religiosos de Enseñanza-Centros Concertados (FERE-CECA), Manuel de Castro: "Entendemos que ser profesor de una Religión confesional supone no solamente ser fiel en la transmisión de la doctrina, que no es de nadie, sino también precisa tener una cierta coherencia con lo que se está transmitiendo". El Constitucional les da la razón, aduciendo en la sentencia: "los profesores que se destinan a la enseñanza de la religión en las escuelas, incluso en las no católicas, destaquen por su recta doctrina y por el testimonio de su vida cristiana". En definitiva, ha de serse un “buen cristiano”. Sin embargo, conviene recordar que los profesores de religión se rigen, según lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la actual Ley de Educación, por un “régimen de contratación laboral, de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, con las respectivas Administraciones competentes” y que “la remoción se ajustará a derecho” (no el Canónico, por supuesto). A la vez, se constata que el profesor o profesora accederá al destino laboral “mediante criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad”. Y por supuesto, la exigencia de ser sacerdote, monja o detentar cualquier otro tipo de estatus religioso es inexistente. De hecho, la mayoría del profesorado de religión es laico.

Da la sensación, entonces, de que la sentencia es, como mínimo, dudosa. Si las remociones han de ajustarse a derecho y la contratación laboral al Estatuto de los Trabajadores, lo concluido por el Tribunal no tiene sentido. Artículo 4.2.c del Estatuto de los Trabajadores, sobre los derechos: “A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta Ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español”. La Constitución Española (que hace, por cierto, referencia directa y explícita al mencionado Estatuto) nos recuerda: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Así la cosas, la gran cuestión estribaría en conocer en qué se ha basado entonces el Tribunal Constitucional para sentenciar en el sentido que lo ha hecho. Porque, incluso a pesar de que pudiera alegarse lo dispuesto en el Acuerdo con la Santa Sede, dicho contrato está absolutamente supeditado al régimen constitucional, no pudiendo estar en ningún caso por encima de la Carta Magna.

Si el mismísimo Constitucional ha confundido la materia de religión con la catequesis, la equivocación resulta verdaderamente deplorable, además de preocupante. La actual Ley de Educación permite impartir la asignatura de religión de forma confesional, esto es, centrando la materia en una única religión, o aconfesional, no pudiendo existir dicha especialización, teniéndose que abordar todas ellas. Pero en cualquier caso, y he aquí la cuestión capital, nunca el desarrollo de la clase ha de servir de adoctrinamiento. Los docentes ayudan, en cualquier caso, en la explicación pedagógica de los valores, contextos, historia, conflictos, líderes y trascendencia social, pasada y actual, de la religión en cuestión, sea ésta cual fuere. El profesor de religión, como cualquier docente, solamente está obligado a hacer bien su trabajo, sin rendir cuentas de su vida personal. Tener que aportar para impartir un contenido una “experiencia vital” suena, más que a pedagogía, a ejercer de profeta.

Pero, a pesar de todo, quizás el gran debate pendiente de resolver hinque sus raíces en otra cuestión. ¿Hasta qué punto es hoy sostenible el acuerdo del Estado con la Santa Sede? ¿Hasta cuándo soportar tal pacto, rémora indeseable del nacionalcatolicismo filofascista? Este contrato, hijo de la Transición, nunca dejará de ser aquello para lo que fue concebido: una prebenda política para que la Iglesia (o por lo menos su cúpula dirigente) aceptara el nuevo régimen de libertades después de muerto el tirano y de haber llegado la democracia. ¿Cuánto tardará en llegar un gobierno lo suficientemente valiente como para soltar este lastre? Mientras tanto, el fundamentalismo católico sigue contando con una herramienta que trata de justificar sus, a menudo, antediluvianos comportamientos.

PORQUE LA IMAGEN IMPORTA

La recientísima publicación en el Financial Times de un sondeo referido a las preferencias laborales de los ciudadanos europeos ha revelado jugosos datos que, en principio, hablan bien de la economía española. Entre otras cosas, el estudio afirma que el 17% de los ciudadanos consultados (de España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia) considera a España el mejor lugar para trabajar. Evidentemente, los medios de comunicación españoles han tardado bien poco en sumarse al análisis optimista, pudiéndose leer en diferentes tribunas vanagloriosos comentarios al respecto. Incluso el gobierno ha querido apuntarse un tanto a su favor, pronunciándose positivamente sobre tal encuesta.

Sin embargo, la aparente buena noticia no puede derivar en una borrachera de autocomplacencia y euforia. Aunque la economía española crece por encima de la media europea, los niveles de paro han bajado a los niveles de 1979 y las administraciones públicas arrojan ya superávit fiscal al final de su ejercicio, existen también señales que, paralelamente, incitan a la reflexión, haciendo aflorar graves problemas estructurales. Uno de los principales: la imagen exterior de España.

Nuestro país arrastra todavía hoy la perversidad de su marchamo. El Spain is different, más que suponer una verdadera imagen de marca para el país, resulta ser todo un lastre a la hora de normalizar nuestras relaciones económicas internacionales. El estereotipo de lo genuinamente español ha calado hondo, para nuestra desgracia, en el entendimiento de nuestros vecinos, lo que ha dificultado siempre el buen posicionamiento de nuestro mercado en el extranjero. Sin embargo, y a pesar de todo, algunos no entenderían positivamente la superación definitiva de tal arquetípico esquema. O por lo menos, eso es lo que podría inferirse de lo dispuesto por el diario económico español Cinco Días: “España vuelve a ser <different>” titula el rotativo.

El problema de España con su proyección internacional queda bien reflejado en una pequeña relación de adjetivos: auténtica, amigable, divertida, tradicional y única. Estos son los atributos que escogen los ciudadanos europeos (y latinoamericanos) a la hora de calificar a nuestro país. Y la vez, las ideas de marca puntera, buen trato al cliente, óptima relación calidad precio, actitud servicial, alta calidad de sus productos y fiabilidad no aparecen significativamente representadas en el ideario europeo, y menos en el latinoamericano (aquí los porcentajes son ridículos). Estos son los datos principales que podemos rescatar de un estudio realizado por Young&Rubican y del que se hizo eco el diario El País hace unos meses en una serie de reportajes sobre la imagen de la “marca España”. Conviene detenerse un instante a observar las cifras. Hablan por sí solas.


Así pues, y a tenor de esto último, quién sabe si esos ciudadanos europeos, que en tan buena estima tienen a España, hasta el punto de considerarla el mejor lugar de Europa para trabajar, no buscarán en nuestro país la diversión y el amiguismo (nuestro “ambientillo”, al fin y al cabo) del que aquí poseemos en ingentes cantidades, más que una exitosa carrera laboral.

¿SÓLO ESTÉTICA?

A nadie debería escapársele el patriotero "look" que envuelve últimamente a la España de la extrema derecha. Aunque pensándolo bien, no es ninguna novedad, pues las últimas manifestaciones convocadas por el Partido Popular y sus correligionarios mediático-sociales no vienen más que a recuperar lo que, no hace tantas décadas, sus predecesores políticos ensalzaban con tanto ímpetu: la enseña nacional. Los nuevos bríos con los que los más conservadores de este país rinden pleitesía al glorioso trozo de tela provocan tanta sorna como preocupación. Desgraciadamente, enaltecer y agitar de forma tan gratuita y agresiva la bandera del Reino resulta ser un detalle inequívoco de la naturaleza política de nuestra derecha, que ha adoptado una estética que levanta más de una sospecha.

Allá donde el Partido Popular, AVT, Foro de Ermua y demás familia convocan a sus fanáticos simpatizantes, ya sea ésta una manifestación masiva o a pequeña escala, acto estratégico o de segunda línea, estos acuden disfrazados con el ánimo de mostrar a todo el que por allí pase su más profundo y castizo sentimiento nacional. Algunos podrían valorar dicha actitud, como ya hemos señalado, desde una perspectiva humorística o, por qué no, elevar compadecedores comentarios ante la necedad de tal comportamiento. Sin embargo, cuando tras semejante proceder se atisba la intención de atentar contra la “espoñalidad” de los demás, ejerciendo el monopolio de los amoríos a la madre patria, el asunto toma un cariz verdaderamente preocupante. Así hemos de tomar las palabras de Miguel Bernard, Secretario General de Manos Limpias, sindicato ultraderechista que acudió a la manifestación, en las que sin pudor alguno vertía este espurio comentario: “Ésta es la España nacional, la verdadera España”. El gobierno debería emitir una condena pública y notoria ante semejante deposición mental, salvaguardando así la entereza del grupo de ciudadanos que nos hemos sentido violentados.

La reexaltación patriótica de la derecha española recuerda a ominosos tiempos, en los que la masa fascista se congregaba en la Plaza de Oriente para inundar de vítores al gran tirano, el salvador y garante de la unidad de España. Los paralelismos existentes entre aquellas imágenes y las que se dieron, por ejemplo, el pasado sábado, son escalofriantes. Baste ver cómo vuelve a anidar libre e impunemente el gran palomo franquista en la rojigualda, acompañado de los sonoros compases del himno nacional, provocando una gran catarsis en la masa enfervorizada. Ante este cúmulo de ilegalidades (bandera preconstitucional y uso partidista del himno), segregadoras y filofascistas, la Ley tendría cosas que decir.

¿Dónde quedan aquellas manifestaciones en las que las manos blancas sustituían a las banderas? ¿Y aquellas en las que acudían todos los partidos sin excepción, bajo cualquier lema? ¿Y aquellas en las que las víctimas no crispaban, ni se prostituían políticamente? ¿Qué fue de aquel magnífico “espíritu de Ermua”? ¿Qué le ha pasado a la derecha, desde el 14 de marzo de 2004, para caminar como camina hacia el mayor de los extremismos?