DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: un repaso a la ley

Reza la primera frase de la exposición de motivos de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado”. Más adelante, ahondando en la misma idea, se corrobora: “La violencia contra la mujer se presenta hoy como un auténtico síndrome” y “los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución”.

Así pues, con estas pocas palabras, queda perfectamente definido el espíritu y la voluntad que envuelven el nacimiento de la ley más importante de la presente legislatura en lo que a materia social se refiere. Una medida aprobada unánimemente en el Congreso de los Diputados y laureada por buena parte de las organizaciones sociales especialmente sensibilizadas con la cuestión, además de recibir una cálida acogida entre la ciudadanía. Hacía ya bastante tiempo, como han recordado un buen número de analistas, que una ley de tal calado no recibía un apoyo tan mayoritario en nuestro país.

El problema de la violencia de género se hizo especialmente visible para la sociedad española a partir del año 1997, cuando el asesinato de Ana Orantes provocó una enorme desazón en la opinión pública (murió quemada por su marido un mes después de acudir a un programa de televisión). Era la primera vez que se daba tal prioridad mediática a un asunto de violencia de género. Con el asesinato de Ana a manos de su ex marido, los españoles ponían nombre y apellidos a un problema del que muchos habían oído hablar pero no habían conseguido reconocer. A partir de entonces, la violencia de género pasó a formar parte de la agenda pública. Es a raíz de aquel fatídico episodio cuando comienza a percibirse y a denunciarse un problema que llevaba décadas enquistado.

La participación de los medios de comunicación en el tratamiento directo de este asunto provocó su inevitable magnificación. De ser materia “inexistente”, de repente pasó a cobrar protagonismo ostensible. Debates y reportajes televisivos ahondaban en la cuestión (muchas veces no de la mejor manera) y la prensa opinaba y analizaba acerca de lo que ya era abiertamente reconocido como una “lacra social”. No en vano, las cifras de asesinatos de mujeres (y por ende, de historias a las que aludir) constituían pavorosas cifras: según el Instituto de la Mujer, entre 1999 y 2005 murieron violentamente 426 mujeres. Se hace fácil de comprender, entonces, la magnitud del problema.

Las innumerables denuncias realizadas por decenas de agrupaciones sociales, la especial difusión mediática y la creciente preocupación ciudadana no tardó en ser recogida por los partidos políticos, haciendo propias las reivindicaciones que demandaban soluciones para la cuestión. Daban inicio los debates parlamentarios y relucían ya las propuestas propias de cada partido. Pero no fue hasta el mes de septiembre del año 2002 cuando se produjo el primer intento de legislación de una Ley Orgánica que paliara los efectos de la violencia de género. Por aquel entonces, la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso rechazó abruptamente una propuesta realizada por el Partido Socialista y apoyada por los demás grupos de la Cámara. Se trataba de sacar adelante una ley de similares características a la actual que diera respuesta urgente a la violencia machista. Pero no se obtuvo más resultado que el de una fútil y partidista discusión parlamentaria más. Este primer fracaso legislativo vino acompañado, al año siguiente, de 71 mujeres asesinadas, la cifra más alta de la que se tenía conocimiento hasta el momento.

A pesar de que la coyuntura política del momento no tenía como principal foco de debate la violencia de género, la llegada de las elecciones generales de marzo de 2004 fueron interpretadas por el PSOE como la oportunidad idónea para volver a incluir en el debate político, y con gran protagonismo dentro de sus principales propuestas de campaña, todo lo referido a susodicha cuestión. Incluía el programa electoral del Partido Socialista referencias como “nos proponemos incorporar la perspectiva de género como uno de los ejes de las políticas de cooperación” (pag. 15) o “las víctimas de violencia de género serán objeto de un Plan Integral de Asistencia” (pag. 51). Bajo el título Combatir la violencia de género (pag. 93) todavía puede comprobar el interesado las políticas y medidas de acción que han tomado forma en la ley integral 1/2004. ZP izó la bandera de las feministas. Prometió grandilocuentemente la paridad de su gobierno, las medidas de igualdad de oportunidades, el apoyo a las maltratadas... El PSOE supo interpretar lo que era una demanda social generalizada y, como es evidente, los potenciales réditos electorales que hacerse cargo de dicha demanda podían acarrearle.

Contra todo pronóstico, el Partido Socialista se alza con la victoria la noche del 14 de marzo de 2004. A pesar de que en la agenda de José Luis Rodríguez Zapatero hubo anteriormente alguna que otra prioridad, ya el 29 de Junio entraba en el Congreso el proyecto de ley por el cual el Gobierno pretendía aprobar la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada formalmente por el Pleno del Congreso el 7 de octubre. Aquí la ley sí que encontró la unanimidad tan necesaria y anhelada por buena parte de la sociedad española.

No obstante, la nueva ley no ha dejado de ser objeto de cuantiosas críticas y suscitado no pocas polémicas. La falta de un presupuesto más detallado (por cierto, se ha reducido más para el p´roximo ejercicio) que acompañara a las necesidades del propio proyecto, la insuficiencia que denota la infraestructura judicial para hacerse cargo convenientemente del mismo e incluso las referencias a una posible inconstitucionalidad elevadas por determinadas instituciones son algunos de los obstáculos que surgieron en el camino.

En cualquier caso, nada evitó que la Ley contra la Violencia de Género entrara en vigor el 28 de enero de 2005.

EL "TODO MENOS SÉGOLÈNE" NO FUNCIONÓ

Tal y como se esperaba, según las encuestas, Ségolène Royal acaba de alcanzar el liderazgo de los socialistas franceses. Ciertamente, a tenor de los resultados (60% de apoyo, frente a otros dos candidatos), podría llegar a pensarse que ha sido asunto de coser y cantar. Sin embargo, los obstáculos no han sido pocos. Con ánimo de derrocarla de la carrera electoral, otros líderes del partido se han prodigado en descalificaciones y groserías de tamaña magnitud que bien merecerían la más implacable condena.

La incipiente líder socialdemócrata francesa ha escalado en la política del país vecino de manera fulminante. Se especula incluso con que pudiera convertirse en la Presidenta de la República Francesa, después de las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo. No en vano, es la principal favorita en las encuestas de intención de voto y goza del liderato en popularidad. Imagínese el lector, por un instante, que dentro de seis meses el motor de Europa (entiéndase Alemania y Francia) estuviera liderado por dos mujeres y, a la vez, considérese convenientemente la relevancia de tal escenario.

Muchos achacan el éxito de Royal dentro de las filas socialistas a las gestiones internas de su compañero sentimental, François Hollande, presidente del partido. Creen algunos que el éxito de Royal es, en realidad, el éxito de su marido (que no es tal, hablando propiamente, ya que a pesar de tener juntos cuatro hijos y vivir juntos desde la Universidad no se han casado), negándole a ella los méritos. Otros han debido pensar que Royal desafía al “sistema”: una mujer manifiestamente bella no contrae matrimonio a pesar de su maternidad, se dedica a la política y cuenta con grandes aspiraciones. Ante todo ello, proliferan sarnosos comentarios: “Esto no es un concurso de belleza”, “¿Ya se lo ha preguntado a su marido?”, “¿Quién cuidará de los niños?”. A la vez, se habla de ella como de una simple “burbuja mediática” y de “no tener programa”. Todo vale, desde determinados foros, con tal de conseguir “pinchar” esa burbuja. Incluido la publicación de unas fotos de su figura en bikini, que trataron de aumentar los cotilleos y desviar la atención del electorado hacia unas imágenes que ocuparon kilómetros de papel.

En cualquier caso, apartándonos ya de tan ignominiosa materia, la victoria de Royal ha encendido todas las alarmas en la derecha francesa, ya que la nueva líder cuenta en su haber con ventajosas estadísticas de popularidad política. De momento el liderazgo de Sarkozy, líder de la UMP y actual ministro del Interior, parece incuestionable, pero en recientes fechas se ha especulado con que Jacques Chirac pueda presentarse a la reelección. Incluso en el entorno del actual primer ministro Dominique de Villepin se detectan intenciones presidencialistas. Teniendo en cuenta lo revuelto que baja el río de la política francesa desde hace algunos años y las abiertas desavenencias dentro de la propia derecha, podemos esperar algunas sorpresas de cara a próximas fechas.

SE TENSA LA CUERDA: ¿Y AHORA QUÉ?

MÁXIMO, 25 DE MARZO DE 2006, El País

Rescato este documento, publicado tres días después del anuncio de ETA de "alto el fuego permanente", por dos razones:

a) porque contando con la perspectiva temporal de la que gozamos hoy resulta curiosa la clarividencia con la que el viñetista hacía frente a la nueva situación, sobre todo atendiendo al actual emponzoñamiento y declive del "proceso" actual. Últimamente parece que hemos perdido el rumbo y olvidado lo más sencillo. Conviene pues, hacer una serie de reconsideraciones y replanteamientos.

b) porque, con la cuerda tan tensa y a punto de romperse, se antoja casi imposible, desgraciadamente, dar cumplimiento a ese tan "probable, realista, sensato y pragmático"(utilitarista, al fin y al cabo) "algo por algo". La naturaleza de ese "algo" ha sido objeto de arduas discusiones por las dos partes a dialogar, disquisiciones necesarias para continuar adelante, habría que añadir. Pero el gran problema acaba de surgir. El "algo" de los etarras parece que ya no se ajusta, ni de lejos, a lo que cabría ofrecer por parte de un estado de derecho. ETA ha optado, y parece que definitivamente, por el discurso bravucón, animalesco e irracional del que suelen hacer gala. Y su vertiente "política" se ha unido a tales peroratas en las últimas fechas. ¿Qué queda entonces, si lo que piden resulta absolutamente inaceptable? Romper contactos, o bien seguir insistiendo en que comprendan nuestras reglas de juego. Inspirados por la prudencia, quizás abogar por lo segundo traería mejor resultado a medio o largo plazo. Sin embargo, si continúan aumentando las amenazas epistolares, la violencia callejera, el robo de armamento y la colección de estupideces dialécticas que se vienen exponiendo, quizás la primera opción cobre peso suficiente como para imponerse. Si no se produce un total viraje de actitud de los inadaptados a nuestro sistema y normas de juego, seguramente no nos quede otra opción que echarles del tablero.

Aún así, mantengamos la calma. Al fin y al cabo, el fin lo merece.

EL PERIODISMO EN LA UNIVERSIDAD

Por experiencia propia puedo asegurar que una persona que carezca del más mínimo interés por la actualidad, no tenga una cultura general básica, y ni siquiera pretenda tenerla, puede ser licenciada en periodismo. Esto es factible hoy en día en la Universidad española.

La expansión generalizada de la tecnología inunda los planes de estudio a través de innumerables materias en las que lejos de plantearse el dominio de los programas de diseño como un medio para lograr el fin último de mejorar la información, éstos son presentados como fines en sí mismos. Materias en las que el profesor se aleja del alumno interponiendo entre ambos la barrera de la máquina, y en la que los contenidos son habilidades, no conocimientos. Asignaturas en las que lo único relevante es realizar el ejercicio semanal de Freehand, desconectadas totalmente del mundo real, parecen contagiar a profesores y alumnos cuyo comportamiento cada vez es más mecánico y deshumanizado.

Las humanidades son postergadas cada vez en mayor medida en los planes de estudio, la ética no encuentra su sitio más que a través de una asignatura cuatrimestral a lo largo de cinco años. La lectura es una actividad marginal en la actividad de los futuros periodistas, su sentido crítico brilla por su ausencia, si los profesionales bajaran de su pedestal y mirasen a las facultades de periodismo verían en ellas la más profunda superficialidad y desinterés.

Ustedes perciben las consecuencias en la falta de sentido crítico de los nuevos periodistas, como en el artículo del pasado 29 de octubre del Defensor del Lector acerca de la actuación de los gabinetes de comunicación. Yo les ruego que denuncien las causas, unas facultades esclerotizadas que rinden pleitesía a la eficiencia de la tecnología y relegan la Historia, la Filosofía, la Literatura, es decir, todo lo que hace a un periodista ser lo que es, creando informadores robotizados, futuros transcriptores de ruedas de prensa.

(Víctor Javier Méndez Barreira, Cartas al Director, El País, 06/11/2006)

EL PAPEL DEL ESTADO EN EL CAMINO HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Bien es sabido que dentro de la corriente feminista coexisten distintas tendencias, algunas de ellas, de hecho, casi irreconciliables. Algunas voces pertenecientes a la rama más radicalizada llevan décadas desacreditando al Estado como interlocutor y/o combatiente de la desigualdad, alegando que el Estado es una estructura heredada del sistema patriarcal y androcéntrico dominante, que salvaguarda los intereses y valores del varón. No en vano, y en eso llevan la razón, los Estados han estado dirigidos siempre por hombres. Por estas y otras razones, consideran que sus tan anhelados cambios sociales no pueden venir impulsados por la Administración, cómplice, de hecho, de todas las asimetrías existentes, no atacándolas ni corrigiéndolas durante siglos. Resume bien esta idea María Bustelo (Bustelo, María: 2004), en su libro La evaluación de las políticas de género en España: “El feminismo institucional ha sido en más de una ocasión controvertido y criticado por las feministas radicales, debido a la idea de que las estructuras gubernamentales eran un componente importante del sistema patriarcal y ser parte de las mismas significaba aliarse con el poder masculino y por la necesidad de diferenciarlo del propio movimiento feminista”. Muchos identificarán esta idea con la postura defendida por Kate Millet, la feminista más laureada de los años setenta.

Si bien, existen otras razones que nos pueden llevar a pensar que, verdaderamente, es el Estado el principal garante de la futura y pretendida igualdad de género. Primero, porque buena parte de los Estados modernos, preocupados por dicha cuestión, han devenido en sistemas democráticos, con lo que la prioridad y urgencia en atajar esta problemática ha variado notable y muy positivamente. Existen, de hecho, mandatos constitucionales que así lo avalan: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (Constitución Española 1978, artículo noveno). Segundo, porque es el Estado la única herramienta efectiva capaz de integrar los loables planteamientos de la perspectiva de género en el corpus legal de la sociedad, de convertirlos en norma. Y tercero, es en el sistema del Estado de Derecho donde reside la voluntad popular, lugar donde ha de tomar forma toda iniciativa emanada de ésta. Amén de ser el Estado, como ya hemos señalado antes, la fuente de la que parten la práctica totalidad de las propuestas. Sobre todo lo que acabamos de exponer, resume Lovenduski (Bustelo, María: 2004): “El problema es que es imposible evitar el Estado porque está muy presente en la mayoría de las áreas importantes de la vida moderna. En este sentido, sostenemos que las mujeres necesitan del Estado y que es importante para el movimiento feminista entender esto”.

Y si es el Estado uno de los protagonistas prominentes en la consecución de la igualdad de género, se hace inevitable que tal fin se convierta en materia de debate y atención por parte de la política. Es precisamente aquí desde donde se están dando los últimos pasos. Las reivindicaciones feministas han pasado a formar parte importante de la agenda de los partidos durante los últimos años y han sido el escenario donde se han cocinado las últimas iniciativas. Además, dentro del siempre tan mediático y complejo panorama político, hemos observado una mejora sustancial de la presencia femenina en el ámbito público, algo de lo que ya nos hemos felicitado ostensiblemente. Pero a la vez, también hemos mostrado nuestras reservas sobre la enorme asimetría todavía existente. Lo cual puede llevar a pensar que desgraciadamente la política adolece todavía de gran inmadurez como para acometer con suficiente solvencia asuntos de tal calibre e importancia como la discriminación de género.

A pesar de la indudable necesidad de contar con el Estado en la búsqueda la igualdad real, se plantea todavía otra duda razonable. Con el actual ímpetu legislador que se está experimentando en algunos países de Europa (entre ellos España), ¿se corre el riesgo de provocar cierto desfase entre la norma y la asimilación de ésta por parte de la ciudadanía? ¿Son los cambios introducidos demasiado prematuros? ¿Estamos impulsando la más importante revolución social pendiente a “golpe de ley”? Y si esto fuera así, ¿qué riesgos entrañaría tal empeño? Las respuestas solamente nos las aportará la perspectiva temporal, de la que ahora mismo carecemos totalmente. Si bien, una cosa parece clara. Las grandes revoluciones sociales han provocado y dirigido su impacto de forma ascendente, nunca descendente. Es ésta una enseñanza histórica que, como mínimo, deberíamos tener en cuenta.

LA PARIDAD POLÍTICA: ¿UTOPÍA?

Las mujeres han tenido fuertemente vetada su participación política durante siglos. Entendiendo por participación política su derecho a voto, participación en el debate público o la libre expresión de su opinión referidos al ámbito señalado. Además, por supuesto, de la militancia. Conjugando todos estos factores, la conclusión aflora por sí sola: la mitad de la humanidad ha sido discriminada completamente de la gestión, participación y pensamiento de la “cosa pública”.

La discriminación aludida se ha dado en todas las culturas y sociedades, sean cuales fueren sus valores básicos de convivencia y vertebración social. Si bien en la mayoría de las democracias denominadas occidentales (Europa y Estados Unidos) se han dado pasos positivos y nada desdeñables, sus democracias no han sido completas hasta que el verdadero sufragio universal se impuso sin restricciones sexuales. Y aún así, habría mucho que reflexionar acerca de la validez de unas democracias que hasta hace un puñado de años no contaban apenas con participantes femeninas en primera línea de juego.

El feminismo, entre otras de sus bondades, ha conseguido incorporar la figura femenina al protagonismo político. Aún así, para conseguir tal avance, se han tenido que superar altas dosis de zafio machismo y de escepticismo periodístico (cuando no de vituperio público). Y a pesar de contarse ya con un balance bastante alentador de cara al futuro, todavía hoy el mundo de la “gran política” sigue siendo un terreno de hombres vetado para muchas mujeres.

En los últimos tiempos hemos sido testigos de una pequeña feminización del poder. Angela Mekel, Ségoléne Royal, Michele Bachelet, Helen Johnson Sirleaf, Portia Simpson Miller, Condoleeza Rice, Lourdes Flores, Yulia Timoshenko, Gloria Macapagal, Freiberga, Hanoyen etc. son algunos nombres que han salido a la palestra informativa en los últimos meses. Algunas han ganado elecciones, otras son o han sido candidatas o forman parte esencial de algún gobierno. A pesar de que la cantidad de nombres masculinos protagonistas de lo político supere exponencialmente al de sus colegas femeninas (y el interés y atención prestado por los medios de comunicación, amén de ostensibles diferencias en el tratamiento informativo) no dejan de ser reseñables estos primeros pasos, muchas veces los más importantes, para alcanzar la ansiada paridad de género en lo que se refiere a la representación y participación política.

Precisamente para acelerar la consecución de este encomiable y justo objetivo, se han puesto en marcha en algunos países ciertas iniciativas legislativas no poco cargadas de polémica: discriminación positiva, cuotas etc. Sin restar nobleza a tales proyectos, que obviamente persiguen la ruptura de la desigualdad aludida, los resultados no pueden calificarse bondadosamente. En Francia, por ejemplo, hace años que el sistema de cuotas se aplica para elaborar las listas electorales de los partidos políticos. Sin embargo, la mayoría de las agrupaciones prefieren pagar las multas que derivan del incumplimiento de la norma a seguir los preceptos de la misma a la hora de configurar sus equipos. Es decir, ese porcentaje que garantizaría la presencia de las mujeres en la política francesa no se cumple. A pesar de ser exigido a golpe de ley.

En definitiva, el análisis sobre la incipiente presencia femenina en “la política de altos vuelos” requiere de una sosegada observación además de una honda reflexión. Queda claro que los nombres femeninos proliferan y lo seguirán haciendo en los meses venideros. Lo que merece, sin duda, un encendido aplauso. Pero no hemos de perder la perspectiva. Más del 90% de las menciones periodísticas sobre política siguen refiriéndose a hombres. Dentro de los partidos, los líderes de opinión siguen siendo masculinos en su mayoría. Solamente un 36% de los diputados de nuestro Congreso son mujeres (porcentaje muy alto en comparación con países vecinos de la Unión Europea). Estas son solamente algunas pistas que nos indican que, respecto al género, la participación política sigue siendo muy asimétrica.

UN SALARIO PARA LAS AMAS DE CASA

Tradicional y perversamente se ha considerado al hogar como el espacio o medio “natural” en el que las mujeres debían desenvolverse. Cuidar de los hijos y del cónyuge ha sido y sigue siendo la “profesión” a desempeñar por muchas féminas a lo largo de toda su existencia, sin derecho, además, a la “jubilación”. Esta situación sigue manteniéndose hoy en día, porque a pesar de que la mujer se ha incorporado al mercado laboral y la vida pública no las ha exonerado de tan pesada carga.

¿Por qué tan pesado lastre? Porque no ha contado (ni cuenta todavía en suficiente medida) con la ayuda de los varones en la gestión y mantenimiento del espacio privado y del cuidado de los hijos. Han sido las mujeres las que han sobrellevado tales funciones de manera unilateral. Esto es, desde luego, otra nueva fuente de discriminación y desigualdad de género denunciada expresamente por una serie de colectivos.

En esta situación hay que incluir la dependencia económica de muchas mujeres respecto a sus maridos o compañeros, a lo que se unen ciertas deficiencias educativas, lo que supone que su emancipación o independencia sean poco menos que imposibles. Así pues, su “enclaustramiento” en el hogar se convierte en la mejor de las opciones vitales para estas mujeres. Aunque, evidentemente, dicho panorama va cambiando paulatinamente, todavía el trabajo de las amas de casa no ha sido reconocido debidamente. Muchas agrupaciones feministas hablan de “ciudadanas de segunda” al referirse a las mujeres que son amas de casa ya que, además de experimentar muchas de ellas la situación descrita hace un momento, no se les reconoce siquiera su valiosa contribución al bienestar social.

Pero, según parece, debería reconocerse también su ingente aportación a la producción y crecimiento económico del país. El mes pasado, el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) elaboró un estudio en el que pretendían dar ilustración numérica a estas variables. A pesar de centrarse únicamente en la Comunidad de Madrid, consideramos que sus cifras podrían extrapolarse al resto del Estado sin demasiado margen de error. Se concluyó, que las actividades desempeñadas por las amas de casa aportan el 55% del Producto Interior Bruto de la Comunidad (6.000 millones de horas de trabajo). Esto, contando que en la labor doméstica no se realizan actividades simultáneas. Porque atendiendo a este segundo criterio, las actividades domésticas no remuneradas equivaldrían al 130% del PIB. Cifras, desde luego, absolutamente escalofriantes. El estudio se titula “La cuenta satélite del trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid” (EL PAÍS, 06/07/06). A pesar de lo irrebatible de las cifras, los autores del estudio no consideran que la paga de un salario a las amas de casa sea la solución.

En 1996, Soledad Murillo (la actual Secretaria de Estado de Igualdad de Oportunidades) ya se refiere en su libro El mito de la vida privada (Murillo, Soledad: 1996) a la cuantificación económica de la actividad doméstica. Para ello, aunque no aporta cifras, propone dos posibles modelos de medición: El coste de oportunidad, “que pretende registrar las oportunidades que se pierden, o se aplazan, por dedicarse al trabajo doméstico, en lugar de aplicar todo su potencial al mercado de trabajo” (pag. 22); y el coste de reemplazamiento o sustitución, “cuya meta reside en la estimación conforme al coste que representa un sirviente que realice todo el trabajo doméstico” (pag. 23).

La última vez de la que se habló en España de la instauración de una salario para las amas de casa fue pocos meses antes de las elecciones generales de marzo de 2004. Rodríguez Zapatero, por entonces candidato, aseguró que dicha paga debería “generalizarse entre las personas que carecen de unos ingresos mínimos que les permitan enfrentarse de forma básica a sus proyectos vitales” (EXPANSIÓN, 16/08/06), asegurando que las amas de casa serían uno de los colectivos especialmente beneficiados. En mayo de 2005, se puso en marcha en el Parlamento encargado de investigar sobre la viabilidad de esta paga (EXPANSIÓN, 16/08/06). Algunos estudios informales creen que las mujeres ganarían aproximadamente 100.000 euros al año de proporcionárseles un salario.

En definitiva, a pesar de no ser un debate prominente mediáticamente, puede que experimente un cierto crecimiento durante los próximos años, teniendo en cuenta que los estudios proliferan y la perspectiva de género también.